La frondosa cobertura de prensa de Lava Jato Perú ha invisibilizado la corroboración del Ministerio Público Federal de Brasil del destape de las pruebas falsas que sirvieron para condenar al ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva a prisión, con lo cual se empieza a demostrar que el entramado jurídico sólo tenía móviles políticos: sacar a Lula de la carrera a la presidencia para instalar un régimen conservador de derecha.
El ex presidente Lula da Silva y otros ex mandatarios latinoamericanos que realizaron gobiernos de izquierda y progresistas, están siendo investigados o criminalizados por su gestión política y gubernamental, en lo que ha sido llamado la estrategia Lawfare que pretende sancionarlos y meterlos presos para sacar de las lides electorales a este sector político y allanar los caminos a posiciones conservadoras y hasta fascistas.
Lawfare o Guerra Jurídica es la utilización indebida de instrumentos jurídicos con fines de persecución política; así como también se utiliza a los medios para destruir la imagen pública, en estos casos, de políticos de izquierda y progresistas, para finalmente inhabilitarlos como potenciales candidatos. Así ocurre en Argentina con Cristina Kirchner, en Brasil con Lula da Silva, en Perú con Ollanta Humala y en Ecuador con Rafael Correa.
El departamento que nunca fue de Lula
A fines de mayo de este año, sendos artículos periodísticos en medios impresos y digitales han informado que la justicia brasilera ha autorizado al empresario Fernando Bittar la venta del triplex del municipio de Aibaia, que el juez Sergio Moro le atribuyó a Lula da Silva para argumentar su condena.
Pese a la negativa de Lula y la falta de evidencias concretas, Moro insistió en que dicho inmueble había sido un pago de la empresa constructora OAS al ex presidente por la concesión de obras. Ahora el Ministerio Público Federal de Brasil reconoció que el verdadero dueño de esa propiedad era el empresario Fernando Bittar.
Además, la Policía Federal descubrió violaciones en el archivo que estaba en la Fiscalía General de la República, luego que pidió a las autoridades suizas otra copia del sistema Drousys, el sistema informático de la sección de sobornos de Odebrecht. Un informe de Telesur TV sostiene que el abogado Rodrigo Tacla Durán, “que denunció la industria de delación premiada en Lava Jato” entregó documentos a las autoridades judiciales y congresales, “pero el informe del diputado Carlos Marun no apuntó que esos papeles, periciados en España, contienen al menos un indicio de fraude en la investigación del Ministerio Público Federal”.
La Guerra Jurídica está en pleno auge y “Vale Todo”, hasta pruebas y testimonios falsos para lograr apresar a los líderes de izquierda y del progresismo latinoamericano que llevaron a cabo gobiernos que promovieron la inclusión social, los derechos ciudadanos y el progreso de sus conciudadanos. En Perú recién se empiezan a notar algunas repercusiones de esta revelación brasilera: el Vaza Jato.
23 de junio 2019
