“El lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución o linchamiento político, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Según los estudiosos de esta mala práctica, combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura en medios, para presionar al adversario y su entorno (incluidos familiares cercanos) de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo es que pierda apoyo popular de modo que se quede sin capacidad de reacción”. (Lawfare. La judicialización de la política en América Latina, por Camila Vollenweider y Silvina Romano).
Esto es lo que hemos vivido y padecido mi esposa Nadine y yo, desde que decidimos ingresar a la vida política nacional y con mayor ferocidad contra ella desde los últimos años del período de Gobierno: un quinquenio de estabilidad política, crecimiento económico y reducción de pobreza y desigualdad; con la mayor inversión minera de la historia pero, también, con políticas de Estado exitosas, como la Social y la Educativa, que nos permitieron llevar un modelo de desarrollo distinto y efectivo a cada rincón del país. Logros para nuestra soberanía, como la victoria del litigio contra Chile en La Haya, entre otros, que hoy pretenden ser manchados en el afán de destruir una corriente política.
El grupo El Comercio ha sido un brazo específico de la ejecución de esta estrategia. Contabilizamos centenares de portadas en contra nuestra. También decenas de editoriales. La editorial de ayer viernes 12 de julio, es otro ejemplo y da continuidad a una mentira titulada a cinco columnas en su edición del jueves 11.
Valiéndose de una acción ilegal realizada por el Fiscal Rafael Vela, al vulnerarse el debido proceso y el derecho de defensa, y contando con el testimonio sin corroborar de un presunto colaborador que en Brasil vendió su declaración contra el expresidente Lula da Silva a cambio de beneficios personales, El Comercio se atreve a afirmar que mi esposa Nadine ordenó al expresidente de OAS que coordinara con ella el supuesto pago de coimas, en una reunión en Palacio de Gobierno en mayo del año 2014. Lo que jamás sucedió.
Pero ¿qué busca OAS con esta historia inverosímil? Audios revelados en Brasil, y convenientemente ocultados por el Grupo El Comercio, han demostrado las coordinaciones y presiones realizadas por el juez Sergio Moro, y los fiscales del caso, para que Leo Pinheiro cambiara su testimonio de modo que acusara al expresidente Lula, de corrupción.
A Pinheiro le pidieron que declare lo que los fiscales y el juez querían escuchar para conseguir la condena contra un político a cambio de algo. ¿Qué es ese algo en Perú? Las inversiones, los intereses y el patrimonio de OAS en el país. Por esos audios, con esos antecedentes, su testimonio tendría que ser puesto, más que en duda, en sospecha.
Nos ratificamos que lo dicho por el representante de OAS es falso. Como gobierno hemos mantenido una política abierta a la inversión, siempre dentro de lo correcto y honesto; pero eso al Grupo El Comercio le da igual. No van a permitir que la realidad le fastidie un buen titular, más aún si se trata de seguir acusando y condenando sin pruebas a quienes consideran sus enemigos políticos y, de esta forma, buscar presionar a jueces y fiscales para servir a intereses subalternos.
No nos extraña, ya antes dieron por válidas las declaraciones “a la carta” de Martín Belaúnde Lossio a quien este diario ha sindicado como aspirante a colaborador, y que también estaría “a lo Pinheiro” negociando beneficios por sus distintas acusaciones.
Podríamos analizar todas las editoriales que nos han dedicado, pero no vamos a perder el norte: tenemos centenares de pruebas del acoso sistemático de este grupo contra nosotros, en especial contra Nadine porque temían que fuera candidata y que ganara. La campaña de la reelección conyugal, jugada en pared con el alanismo, o la de finales del año 2016 cuando ganó por concurso internacional el cargo de Directora de la Oficina de Enlaces de la FAO, son una muestra.
Ahora volvemos a comprobar que no han cesado en su intento, pues tratan de involucrarla a como dé lugar con el llamado Club de la Construcción, Gasoducto, o el Hospital Lorena. Seguro que los directores de Graña y Montero pueden explicar con detalle al grupo El Comercio, cómo funcionaba ese Club y también sobre Gasoducto.
Nadine nunca le pidió a nadie estar presente en una ceremonia o en una actividad, era llamada para participar en actos públicos porque se ganó el cariño de la gente; y eso es lo que políticos, medios y empresarios trataron de destruir.
Puede ser que ya esté claro que un supuesto aporte de campaña no está tipificado como delito en el Código Penal, de ahí la necesidad de abrir otros frentes judiciales. Nos defenderemos con la verdad y con el derecho, cuándo y dónde haga falta, exigiendo siempre un juez honesto, imparcial, y un debido proceso.
