La animadversión de García hacia Ollanta Humala era evidente. El nacionalista venció a Keiko Fujimori en la segunda vuelta y obtuvo una mayoría simple de congresistas. La segunda mayoría congresal fue del fujimorismo, que se convirtió en su principal oponente, mientras el Partido Aprista quedó reducido a una mínima representación parlamentaria. Ambas agrupaciones políticas, entonces su unieron para atacar la gestión de gobierno del líder nacionalista.
En setiembre de 2011, en el Congreso se instaló la llamada Megacomisión, para investigar la gestión de Alan García del 2006 al 2011. La respuesta de los grupos opositores no se hizo esperar: en noviembre un programa televisivo publicó un reportaje sobre supuestos falsos aportantes en la rendición de cuentas del Partido Nacionalista a la ONPE. La fiscalía inició una investigación de oficio al igual que la ONPE.
En noviembre de 2014 la fiscalía archivó la investigación sobre aportantes falsos a la campaña 2011 del Partido Nacionalista. En el Congreso la Megacomisión había descubierto como miles de narcotraficantes habían sido indultados o commutado sus penas por gracia presidencial de Alan García. La justicia halló culpable a Miguel Facundo Chinguel, a quien García se refirió como un “hombre probo” y con quien había despachado en Palacio de Gobierno.
La Megacomisión también halló responsabilidad de García y otros funcionarios de su gobierno en más de una docena de irregularidades y hechos punibles, como se lee en la nota Corrupción desclasificada del IDL Reporteros.
Siempre ha sido un secreto a voces los hilos que manejaba Alan García en el sistema judicial. Había gente allegada al Partido Aprista en el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, se empezó a tejer una trama político-judicial de gran envergadura, que tuvo a la entonces procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, como un personaje principal. Detrás de ella estaba el ex congresista aprista Moisés Tambini del Valle, hombre del entorno de Alan García.,
También se descubrió que Paola Zelada, secretaria técnica del juez Richard Concepción Carhuancho, había sido candidata del Apra, así como el mismo magistrado había tenido vinculación política con el ex candidato a la segunda vicepresidencia, Vladimiro Huaroc, en la fórmula de Keiko Fujimori.
Para fines de 2014, Ollanta Humala gestionaba un gobierno de inclusión social, con una mirada social diferente a los anteriores gobiernos, sin descuidar medidas políticas que permitieran seguir con el crecimiento económico del país. El fallo de la Haya muy favorable para Perú, había catapultado la popularidad del presidente a 60%, mientras la oposición aprofujimorista ponía trabas al buen desarrollo de la gestión gubernamental con interpelaciones a los ministros de Estado.
Como se conoció después, en diciembre de ese año, manos negras de esta oposición robaron las libretas y agendas de Nadine Heredia de su casa y estuvieron en manos de varios opositores políticos y de periodistas de diversas empresas mediáticas. ¿Qué hacían con ellas? ¿Las contaminaron con apuntes extraños? Fueron casi 8 meses que dichos documentos robados estuvieron entre Perú e Italia, de una mano en otra. Aún así, un reportaje televisivo le dio su propia interpretación y el ex congresista de UPP, Álvaro Gutiérrez, las entregó a Julia Príncipe. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no al fiscal Germán Juárez u otro? ¿Qué había detrás de esta acción? En otro reporte daremos las respuestas a estas interrogantes.
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